La huelga que protagonizan los trabajadores de la radiotelevisión pública (Rai) contra el control que trata de ejercer el Gobierno de Giorgia Meloni es la lógica respuesta de los profesionales para salvaguardar la independencia de una institución muy influyente en la sociedad italiana.
Desde su llegada a la presidencia del Gobierno en octubre de 2022 la líder ultraderechista ha tenido como prioridad marcar la agenda de los medios de comunicación y, en la medida de sus posibilidades, controlar lo que estos dicen de su gestión. Lo ha hecho bajo el falso argumento —repetido en la campaña electoral que le dio la victoria— de que durante años la derecha y la ultraderecha han estado marginadas tanto en los medios como en los círculos culturales.
Desde la proclamación de la República en 1946 Italia se ha caracterizado por una gran diversidad política, la cual, en numerosas ocasiones, ha dificultado la gobernabilidad del país, cuando no la ha paralizado. Esa diversidad se ha visto reflejada tanto en instituciones como en organismos públicos, entre ellos la Rai. Lógicamente, no ha estado exenta de polémicas y choques, pero nunca hasta ahora, ni siquiera durante los mandatos de Silvio Berlusconi —un magnate de la televisión— se habían alcanzado los niveles de injerencia de Meloni.
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El Ejecutivo de coalición de Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia no solo ha hecho de la adscripción ideológica la principal condición para acceder a los puestos de responsabilidad en la gestión de la Rai tales como el consejero delegado y el director general del organismo, sino que promueve un intento de supervisión de los contenidos informativos tal y como alertan los periodistas, que denuncian manipulación, ocultación de noticias y presiones de todo tipo para que modifiquen sus informaciones a favor de los intereses del Gabinete.
Además, la Rai no es el único gran medio en el foco del conflicto. La primera ministra se dispone a vender la segunda agencia de noticias del país (Agi, propiedad de la energética Eni, participada en un 35% por el Estado italiano) a un empresario de prensa y diputado de la ultraderechista Liga, coaligada en el Gobierno de la primera ministra. Ambas operaciones apuntan en la misma dirección: acabar con cualquier pluralismo en los medios públicos, algo que los profesionales no parecen dispuestos a permitir que suceda.
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